Las instalaciones de videovigilancia en comunidades de vecinos se multiplican por 17 en ocho años

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La Comunidad de Madrid contaba, a 30 de junio de 2015, con un total de 40.151 sistemas de videovigilancia inscritos en el registro de la Agencia Española de Protección de Datos, según el informe emitido a petición de la Unidad de Datos de El Confidencial a través del Portal de la Transparencia.

De estos, sólo 553 circuitos son de titularidad pública, mientras que el resto pertenecen a empresas y actividades privadas, entre ellas, comunidades de vecinos. No en vano las comunidades de vecinos ocupan el tercer puesto en instalación de cámaras de videovigilancia a nivel nacional, sólo por detrás de comercios y establecimientos de hostelería y turismo.

Desde el año 2008 hasta junio de 2015, el incremento en la instalación de circuitos de cámaras en la Comunidad ha sido muy significativo y refleja, entre otras razones, la realidad de una mayor necesidad de seguridad entre la ciudadanía y la toma de conciencia de que los sistemas de cámaras ayudan a lograr este objetivo, tanto en comercios y establecimientos hosteleros y de turismo, como en las comunidades de vecinos.

Así, si en 2008 había en Madrid 3.430 instalaciones de videovigilancia inscritas en la Agencia Española de Protección de datos, en 2009 pasaron a ser 7.102 (un incremento de más del doble con respecto a la cifra del año anterior); en 2010 el número alcanzó las 12.438; en 2011 subió hasta las 18.386; en 2012 se quedó en las 24.733; en 2013 volvió a subir, quedando en 30.834 mientras que en 2014 la cifra alcanzó las 36.895 inscripciones. Así hasta llegar a las actuales 40.151 instalaciones de cámaras en la Comunidad. En ocho años, la instalación de cámaras se ha multiplicado por 12 en Madrid.

Pero ¿por qué tantas cámaras? ¿Tan inseguro se siente el ciudadano madrileño? La necesidad de mejorar la seguridad y lograr protección de manera solvente en edificios de viviendas – así como en comercios, restaurantes, hoteles y demás establecimientos de uso público – está detrás de la mayor parte de nuevas instalaciones.

Además, y en aras de cumplir con la normativa vigente, los expertos de la AEPD explican que todos los circuitos de cámaras deben ser registrados oficialmente, para ser legales, en los ficheros de la Agencia. Las obligaciones impuestas por la normativa en materia de protección de datos son claras en este sentido. A fin de cumplir con ellas, desde 2008 se han ido dado de alta todos los nuevos circuitos y también los que ya estaban en funcionamiento pero no constaban en el registro. Así lo afirman desde la AEPD.

La Ley de Seguridad Privada, aprobada recientemente, regula el uso de cámaras de vigilancia en el ámbito privado, es decir, en negocios, infraestructuras y edificios de viviendas de titularidad particular. En este caso, la LSP establece lo siguiente: “Cuando la finalidad de los servicios de videovigilancia sea prevenir infracciones y evitar daños a las personas o bienes objeto de protección o impedir accesos no autorizados, serán prestados necesariamente por vigilantes de seguridad o, en su caso, por guardas rurales”. La interpretación de la norma por parte del Ministerio del Interior deja claro que han de ser las empresas de seguridad las encargadas de prestar el servicio de videovigilancia.

En cuanto a los usos privados de las cámaras de videovigilancia, el tercero más numeroso es el de las comunidades de vecinos. En el conjunto del país hemos pasado de las 1.108 instalaciones de 2008 a las 19.025 que hay ya inscritas en lo que va de año, y el incremento ha sido paulatino y constante en los últimos ocho. No existen datos por comunidades autónomas según el sector de actividad del circuito de videovigilancia, pero haciendo una extrapolación de las cifras nacionales (que muestran que las cámaras en comunidades suponen el 8% del total), en la Comunidad de Madrid poseen circuitos de seguridad mediante cámaras alrededor de 3.000 comunidades de vecinos (sin contar con los que no estén todavía inscritos en el registro de la AEPD).

La preocupación por mantener viviendas y negocios a salvo es cada vez mayor, así como también la de cumplir con la legalidad en materia de Protección de Datos y Seguridad Privada. Sólo las empresas homologadas en seguridad cumplen con ambas normativas y pueden ofrecer a tu comunidad garantías en la instalación de sistemas de videovigilancia.

En ESV estamos comprometidos con el cumplimiento de la legalidad y el respeto por las normativas vigentes en cuanto a seguridad y protección de datos. Por eso, nuestras instalaciones de videovigilancia son acordes a la Ley establecida y respetan en todo momento las premisas LOPD, de modo que las grabaciones de las cámaras que instalamos sirven como prueba de cara a un juicio, en caso de que sea necesario usarlas.

Nuestro producto estrella para Comunidades de Propietarios, el sistema ESVisión de Vigilancia Inteligente, cumple con todos los protocolos legales y presta a tu comunidad un servicio de seguridad y vigilancia integral. Consúltanos. Estaremos encantados de atenderte y de diseñar para tu comunidad el plan que mejor se adapte a sus necesidades.

En ESV, tu tranquilidad es nuestro compromiso.